Atlanta, 3 feb (EFE).- Georgia y Mississippi se han convertido en los últimos estados en el sureste de EEUU en llevar a cabo esfuerzos por aprobar una ley antiinmigrante similar a la de Arizona, una tendencia que preocupa a organizaciones civiles de la zona.
Legisladores republicanos de Georgia introdujeron hoy un proyecto de ley, el SB40, que exigiría a subcontratistas que trabajen para agencias gubernamentales y a empleadores privados el uso del programa federal de identificación E-Verify y castigaría a extranjeros que no porten documentos de identificación.
La industria agrícola, que genera ganancias por cerca de 65.000 millones de dólares al año en el estado, estaría exenta de aplicar el sistema de verificación con esta legislación.
"Es una medida que claramente apunta hacia la hipocresía de la retórica de 'hacer valer la ley' con el impacto práctico en la industria", declaró en un comunicado Jerry González, de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO) sobre la excepción que beneficia a la agricultura.
La Asociación de Agricultores de Georgia (GFB), que representa a cerca de 360.000 familias dedicadas a esta industria, ha expresado su oposición a la aprobación de leyes que les pongan en desventaja competitiva con otros estados.
El senador estatal Jack Murphy, de Cummings, dijo en conferencia de prensa que la legislación tiene como objetivo evitar que los indocumentados socaven los recursos financiados con fondos de los contribuyentes.
El proyecto es similar a uno presentado la semana pasada, el HB87, por el legislador republicano Matt Ramsey, que al igual que la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona, brinda amplias potestades para tratar asuntos migratorios a las autoridades locales.
Asimismo, la legislatura estatal de Mississippi pasó esta semana una ley que penalizaría a las empresas que contraten inmigrantes indocumentados con multas desde 5.000 hasta 25.000 por cada día que estos empleados estuvieron en la nómina.
Tanto esta versión, como otra aprobada por el Senado estatal la pasada semana, permite a las autoridades locales solicitar prueba de residencia legal en el país a una persona que haya sido detenida por otra razón, si sospechan que es "ilegal".
Ambas cámaras deberán ahora conciliar las dos propuestas para enviar la legislación al gobernador, Haley Barbou, para ser promulgada.
González señaló que la tendencia que se está viendo en Georgia y Mississippi es producto de la falta de acción del gobierno federal con respecto a este tema.
"Lo que los estados deben hacer es trabajar con el Congreso para asegurarse de que trabajen con el presidente Obama y se solucione el problema en lugar de crear más problemas, especialmente en contra de nuestra comunidad y nuestra cultura", dijo a Efe el director ejecutivo de GALEO.
El gobierno de Estados Unidos demandó al estado de Arizona por considerar que la controvertida legislación viola la constitución y en julio pasado un juez bloqueó temporalmente varias secciones de la ley, decisión que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, apeló.
"Esperamos que los legisladores de Georgia tomen nota de lo que está pasando en Arizona y no sometan al estado a ese potencial de pérdidas económicas y no sometan a los contribuyentes del estado a los costos exorbitantes de un litigio", dijo a Efe Azadeh Shashahani, representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
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